La selva tropical, eje del conflicto en Chiapas

Entradilla:

Según el World Rainforest Movement ,(WRM-Movimiento por los bosques tropicales), el grupo conservacionista estadounidense Conservación Internacional le ha pedido al gobierno mejicano que use sus fuerzas armadas para aplastar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de una vez por todas. La organización alega que el grupo guerrillero y las invasiones "ilegales" de campesinos a la selva Lacandona están destruyendo el bosque tropical, por lo cual se necesita una intervención militar.

Introducción/Descripción:

El gobierno mejicano quiere sacar a los pobladores "ilegales" de la zona, pero estos amenazan con violencia. México es uno de los cinco países del mundo con mayor biodiversidad, o sea, variedad de especies del reino animal y vegetal. Albergando más de 400 especies de plantas y animales, incluidos 50 tipos de orquídeas y más de 300 variedades de mariposas. Una imagen satelital del sudeste de México perfectamente puede ser comparada con una obra de Pollok o con cualquier obra del expresionismo abstracto. Tiene salpicones esporádicos de verdes que se mezclan con otros colores formando diversos contrastes. Pero hay una mancha verde muy bien delimitada; Montes Azules, una reserva natural creada por el gobierno en 1978, sin consulta alguna con los habitantes de la región, dentro de la selva Lacandona en el estado de Chiapas. Casi la mitad de la selva tropical mejicana se encuentra protegida aquí, en 331.200 hectáreas de tierra. La caracterización como reserva natural implica que el gobierno no puede conceder tierra, en ninguna de sus acepciones, y que los únicos usos permitidos de la tierra y sus recursos son los que mantienen el carácter natural y no dañan la biodiversidad del área. Esta mancha, sin embargo, es hoy el eje de un conflicto que involucra al gobierno federal; asociaciones ambientales; zapatistas; campesinos; lacandones y multinacionales. La selva Lacandona ha experimentado innumerables tipos de explotación a través de los siglos, desde extracción de madera, que la deforesta, el establecimiento de grandes ranchos ganaderos, explotación petrolera y represas hidroeléctricas, hasta, más recientemente la privatización de la diversidad biológica. La selva ocupada Hace 10 años los campesinos zapatistas se levantaron en armas contra el gobierno, en busca de autonomía. Debido al conflicto, muchos pobladores se internaron en la selva, formando poblados "ilegales" que Conservación Internacional, asociación ambientalista, solicita que el gobierno expulse alegando que estos han reducido sensiblemente la cantidad de vegetación para obtener tierras donde plantar. Obedeciendo a intereses de corporaciones multinacionales que quieren obtener agua o petróleo, y desarrollar la biotecnología y el ecoturismo en la selva Lacandona, existe la amenaza del desalojo violento de los poblados asentados en Montes Azules, según expresa la organización civil Maderas del Pueblo del Sureste en un informe que se dio a conocer el 5 de junio de este año en San Cristóbal de Las Casas. El informe documenta que los dos casos de mayor deforestación y contaminación en Montes Azules se ven en el poblado Nueva Palestina y en la base militar de San Quintín. Dicho informe asegura que alrededor de las instalaciones militares y en los ranchos y ejidos ganaderos cercanos a San Quintín, los bosques se desvanecen. Los dueños legales del bosque son los lacandones, descendientes de los mayas; los lacandones han habitado las zonas más remotas de la selva durante siglos. En 1972, el gobierno mejicano concedió a 66 familias de lacandones el 80% de las tierras de la selva tropical para que habitaran en ellas, incluyendo el territorio que hoy es Montes Azules, pero excluyendo a un número importante de campesinos y comunidades indígenas. Sus descendientes, menos de 500, se han ganado la vida vendiendo productos del bosque, de la renta y el trabajo en ranchos ganaderos, represas hidroeléctricas, autopistas, pozos petroleros y la forestación para la venta de madera, principalmente eucaliptos. El gobierno está siendo presionado, principalmente por grupos ambientalistas internacionales como Conservación internacional y el Fondo de la Fauna del Mundo (WWF), que han culpado a los pobladores "ilegales" de destruir el bosque para practicar la agricultura. Estos grupos están financiando una campaña para la conservación de Montes Azules. Pero algunos observadores afirman que los grupos de conservación tienen intereses ulteriores por los cuales protegen la zona. La biodiversidad como botín La biodiversidad es el nuevo botín que buscan las corporaciones transnacionales en Chiapas. Esta diversidad es la materia prima de las empresas agroquímicas, farmacéuticas y de biotecnología. Estas riquezas biológicas, desde secuencias genéticas hasta organismos enteros, son patentadas por las corporaciones y, de este modo, privatizadas para su explotación comercial. "La influencia política que estos grupos tienen en el gobierno nos preocupa", afirmó Ernesto Ledesma Arronte, del Centro para el Análisis Político y la Investigación Social y Económica (CAPISE), con sede en Chiapas. Ledesma dice que dentro de los que contribuyen con esas organizaciones se encuentran multinacionales como; Starbucks, Chiquita, Grupo Pulsar y la Exxon, todas firmas con intereses de inversión en la región. Ledesma dice que la supuesta voluntad de las organizaciones como Conservación Internacional, son iguales a un caballo de Troya: una vez que accedan a la región utilizarán Montes Azules para cosechar su café, frutas, aceite y materia prima para la elaboración de productos farmacéuticos. Sin embargo Manuel Villarreal, de Conservación Internacional, niega que haya algún tipo de intereses ulteriores en quienes contribuyen a las organizaciones y agrega que no tiene información de inversiones previstas (en el área) por estas empresas. Por su parte, los aldeanos zapatistas acusan al gobierno y a los ecologistas de hipócritas por hablar ahora de proteger la selva tropical. A través las décadas de 1970 y 1980, gracias a campañas de registro, que buscaban sacar a los pobladores ilegales, conducidas por el gobierno y apoyadas por los grandes latifundistas, Chiapas sufrió una pérdida promedio del 2% de sus bosques al año. En mayo de 2003, un grupo de lacandones armados con pistolas y machetes entró a Nuevo San Rafael, uno de los 42 establecimientos ilegales dentro de la reserva, y exigió a los aldeanos que se fueran. José Merced Hernández, representante de CAPISE y testigo de ese hecho, dice que los lacandones llegaron en un barco-patrulla de la marina mejicana, acompañados por dos representantes de la Agencia Federal para la Protección del Ambiente (PROFEPA). "Los oficiales del gobierno estaban parados allí mientras ellos nos amenazaban" señaló Hernández, "esto nos conduce a pensar que están trabajando juntos, que el gobierno está apoyando a los lacandones". El gobierno niega estar de un lado o de otro, y Leonel Díaz Sarmiento, portavoz de PROFEPA, dice que los representantes de su agencia eran observadores ambientales, calificando su presencia allí como una "mera coincidencia". Según expresó el periódico La Reforma Maya, los lacandones están dispuestos a dar sus vidas para proteger su tierra, y si el gobierno no hace nada, tomarán el asunto en sus propias manos. Los lacandones, dueños del bosque, y miembros de grupos ambientales afirman que el gobierno debe tomar medidas para desterrar a los "ilegales" y proteger la selva. Pero los "ilegales", quienes abrazan aún las ideas zapatistas, se niegan a dejar las tierras y advierten que pelearan por ellas hasta las últimas consecuencias. En un comunicado oficial lanzado en diciembre del 2002, el líder Zapatista, el Subcomandante Marcos, anunció que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que lucha contra el gobierno desde hace 10 años, protegería las aldeas en Montes Azules contra cualquier tentativa de retiro forzado. El gobierno dice que está en diálogo con los aldeanos, y que muchos están dispuestos a ser redistribuidos en otras tierras, pero solamente una aldea ha aceptado la oferta. A seis familias de Lucio Cabañas, pequeña comunidad de la zona, les fueron prometidas nuevas tierras y trabajo temporal en el municipio de Amantenago, pero desde su llegada allí en diciembre del 2002, los aldeanos vecinos los forzaron a marcharse. PROFEPA entonces los envió a una estancia cercana a el estado de Comitán, prometiendo que los enviarían a un lugar mejor dentro de un mes. Pero después de cinco meses de esperar, y cuando se empezó a aproximar la estación de plantar, las familias rompieron los acuerdos y volvieron a Montes Azules hace un mes. La actual crisis en Chiapas es el resultado de una larga historia de conflictos no resueltos sobre la tierra en el sur de México, principalmente en Chiapas. Muchos de los abuelos y padres de los actuales ocupantes se trasladaron a Montes Azules por orden de gobiernos anteriores, para huir de las condiciones de trabajo opresivas y degradantes de los grandes estados del sur de México. En Montes Azules, el conflicto se presenta entre los lacandones y los "invasores" (campesinos e indígenas sin tierra). Los lacandones se retratan a sí mismos como los protectores de la selva, conectados con ella e históricos propietarios de la misma, preservadores ancestrales de ella y sus recursos. Los nuevos cultivos y las multinacionales Una serie de nuevos cultivos agrícolas están sustituyendo a los cultivos tradicionales en Chiapas. Productos provenientes del extranjero están siendo promovidos por los gobiernos mejicano y chiapaneco en función de los intereses de empresas multinacionales. Esto, poco a poco, va teniendo un impacto negativo en la vida de las comunidades indígenas y campesinas. Un ejemplo de este impacto puede verse en el cultivo de la palma africana (Elaeis guineensis Jacq). Esta palma, también conocida como "palma aceitera" (porque de ella se extrae aceite comestible), tiene diversos usos. Por ejemplo, para productos alimenticios, medicinales, fabricación de fibras; su savia sirve para la producción de vino, fabricación de escobas; el palmiste (semillas de la palma) es usado para la fabricación de forrajes. Este cultivo es originario de África Oriental, pero en la actualidad, compañías multinacionales han extendido su siembra y cultivo a diversas partes del mundo. Su siembra requiere y exige grandes extensiones de tierra, despojando de ella a los campesinos e indígenas, violando sus derechos a la tenencia de la tierra, esta violación de los derechos más elementales de los habitantes de las comunidades rurales, generando además la perdida de los cultivos tradicionales, la destrucción de la economía comunitaria basada en la colectividad y la destrucción de las culturas ancestrales. Genera, además, la desaparición de bosques tropicales y, con ellos, la de diversos tipos de árboles y maderas finas, y especies animales y vegetales, o lo que es lo mismo, la destrucción de la biodiversidad. El uso de agroquímicos, además afecta la salud de los habitantes de las zonas donde se realiza el cultivo. Siendo Chiapas un estado predominantemente agrícola, ha sido uno de los más afectados con la crisis que se vive en el campo debido a la caída de los precios del café, el maíz, el sorgo, la piña, el frijol, etc. Esto ha generado una constante migración de campesinos al norte del país, Estados Unidos y Canadá; dichos fenómenos son aprovechados por el gobierno estadual y el federal para promover la siembra de palma africana en Chiapas. Para convencer a los campesinos de cambiar la siembra de cultivos tradicionales se les regatea que "ya no es rentable sembrar maíz y frijoles porque no tienen buen precio: ahora la alternativa es la palma africana". Con ello, obligan a los campesinos a aceptar el Programa de Certificación de Derechos Ejidales, Solares y Parcelarios (PROCEDE), que los habilita a tener tierras para la siembra; en caso contrario, no obtendrán créditos para trabajar sus tierras (esto es una denuncia generalizada de los campesinos de las comunidades). Posteriormente, los campesinos rentan la tierra a las multinacionales y se vuelven asalariados en su propia tierra, la que es desforestada, erosionada y contaminada con agroquímicos y productos similares. En México se siembran unas 4 mil hectáreas, y Chiapas es el único estado donde se cultiva la palma. Debido a las características de su cultivo y a la deforestación que produce, el suelo queda expuesto a los rayos solares y a las lluvias, lo que lleva inevitablemente a la erosión, compactación y su empobrecimiento. A su vez, estos fenómenos traen aparejados cambios climáticos y contribuyen agudamente al calentamiento global (efecto invernadero). Al tratarse de monocultivos a gran escala, implican la destrucción de grandes extensiones de los bosques de la región y de su rica biodiversidad. En caso de que los planes del gobierno de destinar miles de hectáreas a este cultivo se cumplieran, implicarían además la ocupación de enormes extensiones de tierras pertenecientes a las comunidades indígenas y campesinas del estado. Se calcula que en Chiapas hay un potencial de producción de la palma africana estimado en 940 mil hectáreas entre las Zonas Norte, Selva y Costa. Pero estas tierras no están vacías, por lo que la promoción de éste y otros cultivos (como el del eucalipto), resultará en la apropiación de amplias áreas hoy utilizadas por poblaciones locales. En la mayoría de los puntos, las plantaciones han sido impulsadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, o por grandes multinacionales que procuran su siembra y se benefician de ella. El cultivo de la palma se a extendido a nivel mundial debido a que, para aquellos países que se encuentran endeudados, su exportación representa un importante ingreso de divisas. A su vez representa una inversión rentable para las multinacionales (las que dominan el mercado son Unilever, Procter & Gamble, Kenkel, Cognis y Cargill, en su mayoría con sede en Malasia), gracias a que produce altas ganancias, emplea escasa mano de obra, no requiere de mayores insumos y es capital de poco riesgo. En general es el campesino quien pone su tierra y su mano de obra: sin embargo no es dueño del proceso de producción: sólo de la extracción del fruto. En el caso de los jornaleros, a los que tienen suerte se les paga 32 pesos diarios (3,5 dólares) sin alimentos, e incluso contratan a niños. Además se han dado casos en los que ni siquiera se les han pagado los sueldos a los trabajadores. Grupos como el World Rainforest Movement (WRM), subrayan que el objetivo de la promoción de este cultivo no es el de mejorar la calidad de vida de las poblaciones locales ya que, de todas las alternativas posibles, constituye una de las peores en materia de generación de empleos e ingresos. Por otro lado, atenta contra la supervivencia de los bosques y de los recursos de las poblaciones locales mediante la ocupación de grandes extensiones de tierras para monocultivos de palma. Según WRM las poblaciones locales ya lo están percibiendo, y esto explica, por ejemplo, la creciente oposición chiapaneca, que no está dispuesta a perder sus riquezas naturales. Según algunos, no se trata sino de una "actualización" de los viejos espejitos y cuentas de colores que trajeron, hace cinco siglos, los conquistadores europeos.

Publicado por Global

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?entidad=Textos&id=369